Desde que las manifestaciones para la legalización del aborto en tres causales en la República Dominicana se intensificaron, me he preguntado con frecuencia por qué el derecho a elegir tener un aborto sigue siendo objeto de debate. Me ha sido extremadamente difícil entender por qué para tantos es impensable que una mujer pueda tener el derecho a elegir interrumpir un embarazo, especialmente cuando se enfrenta a circunstancias altamente vulnerables (incluso crueles y humillantes) y que ponen en peligro su vida. Intentar controlar la autonomía de una persona sobre su cuerpo es algo que considero egoísta, poco empático y basado en privilegios. Especialmente cuando ese intento por controlar las decisiones de los demás se basa en creencias religiosas que no todos comparten. Cuando aquellos que opinan no han enfrentado de primera mano las dificultades de ver cómo una niña de once años se ve obligada a dar a luz a un bebé producto de una violación por su padrastro. Cuando no se han considerado las posibles consecuencias físicas y mentales críticas de someterse un aborto clandestino o inseguro (los cuales causan el 9% de las muertes maternas en la República Dominicana, y eso son solo los números que salen a la luz), o las consecuencias físicas y mentales de continuar con un embarazo no deseado.
Ha sido extremadamente difícil para mí empatizar con aquellos que no están de acuerdo con el aborto en tres causales. Aunque aún es difícil, en ocasiones hago el esfuerzo de conformarme con estar en desacuerdo. Sin embargo, esa tolerancia desaparece cuando aquellos que se oponen al aborto ocupan posiciones de toma de decisiones, especialmente aquellos que ocupan puestos legislativos. En una de mis clases del semestre pasado conversábamos cómo, a nivel del Estado, el debate comienza a cambiar de la perspectiva moral (el aspecto moral que, por ejemplo, motivaría a un devoto religioso estar en contra del aborto) a las implicaciones económicas y políticas (por ejemplo, no apoyar el aborto para no poner en peligro la relación con la iglesia o los votos para la próxima elección). Es increíble ver cómo aquellos a cargo de garantizar el bienestar de la población ponen más peso sobre mantener su poder y su asiento que sobre dar a las niñas y las mujeres el derecho de decidir sobre su salud, especialmente cuando se trata de situaciones altamente vulnerables y que ponen en riesgo la vida misma.
Estefanía Henríquez Luthje 